
La normativa, además de fijar la prohibición, establece como obligación que la local Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos municipal genere "medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza".
En caso de incumplimiento, la disposición fija sanciones monetarias que, en caso de recurrencias en la falta, puede derivar en la inhabilitación definitiva de "establecimientos, empresas y profesionales responsables".
Esto último alcanza a la actividad de los ingenieros agrónomos, quienes en sintonía con las principales organizaciones del agro han sabido consolidarse, sobre todo en las últimas dos décadas, como los grandes promotores del uso del herbicida.
Respecto del significado de la medida ahora fijada en Santa Fe, referentes como Facundo Viola, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, aseguraron ante iProfesional que "la normativa se constituye como una herramienta importante para el resguardo de la salud de los santafecinos ya que prohíbe la venta del biocida en forma minorista".
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